Antilavado en el sector inmobiliario: qué le toca revisar a un asesor, y cómo dejar rastro
¿De qué habló la entrevista?
Mariel Zúñiga invitó a Nicholas Yepes a En Concreto para hablar de algo que tiene inquieto al gremio inmobiliario: las nuevas obligaciones de prevención de lavado de dinero le cayeron encima a los asesores, que antes no hacían reportes y ahora responden por ellos.
El cambio de fondo es de objeto. Durante años el análisis se hacía sobre el inmueble: cuánto vale, cómo está la garantía, si los papeles están en orden. Lo que ahora se pide es análisis sobre las personas, y no sólo sobre quien firma: también sobre quién está detrás de la empresa que compra y de dónde sale el dinero.
Nicholas fue explícito en la entrevista en que no es abogado ni experto en esa ley. Lo que Moffin aporta es la infraestructura para revisar a escala lo que la ley pide revisar, que es un problema distinto y es el que sí sabemos resolver.
¿Qué hay que revisar de una empresa que compra?
Lo que se puede revisar sin pedirle nada a nadie, porque es público: la denominación y los datos generales de la empresa, quiénes son sus representantes legales, cómo está repartido el capital entre los accionistas, qué hay en el Registro Público de Comercio y si la empresa tiene juicios abiertos a nivel estatal o nacional.
El reparto del capital no es un dato de adorno: sirve para identificar a quién tiene más del 25%, que es la figura del beneficiario controlador. Con el nombre y el RFC de la empresa se llega a casi todo eso.
Lo que sí necesita autorización del cliente es su información del SAT y su historial en Buró de Crédito. Esa frontera es importante y conviene tenerla clara desde el principio: un asesor puede avanzar bastante antes de pedirle nada a su cliente.
¿Por qué la trazabilidad es la parte que se olvida?
Un despacho puede tener un manual impreso, un analista cuidadoso y un proceso bien hecho, y aun así no poder demostrar nada. Si la revisión vive en la cabeza de alguien y en un PDF, no queda registro de quién revisó qué, cuándo y con qué criterio. Y si hubo un error, se descubre mucho después, cuando ya es difícil reconstruir qué pasó.
Un proceso automatizado deja esa constancia sola, y deja algo que casi nunca queda por escrito: por qué decidió lo que decidió. Una persona normalmente entrega el dictamen y ya. El sistema entrega el dictamen y el camino completo, o sea qué consultó, contra qué reglas, en qué momento y qué encontró en cada paso. Eso es lo que se le puede entregar a una autoridad, y es la diferencia entre haber hecho bien el trabajo y poder probarlo.
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